Según la investigación de la maestra Brenda Castañón Villanueva, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), los principales obstáculos para la implementación de un modelo efectivo de Microcerenciales en México se centran en los vacíos regulatorios y el uso conceptual del término, lo que plantea un reto hacia el futuro de las certificaciones digitales profesionales en México y América Latina, así lo señala en su artículo “Hacia un Modelo de Microcredenciales en México: Retos Regulatorios, Gobernanza y Vinculación Productiva” publicado en Febrero.
El trabajo analiza el estado actual de la microcredencialización en el país, donde diversas instituciones de educación superior han comenzado a implementar esquemas de certificación modular y digital sin contar aún con un marco normativo federal integral que las reconozca formalmente dentro del Sistema Educativo Nacional. Desde un enfoque de política pública educativa, el artículo identifica vacíos regulatorios, problematiza el uso conceptual del término en el ámbito universitario y propone elementos clave para un Modelo Nacional de Microcredenciales sustentado en principios de calidad, interoperabilidad digital, acumulabilidad académica y vinculación productiva.
Entre los principales hallazgos destacan: la ausencia de definición y reconocimiento explícito de las microcredenciales en la Ley General de Educación (2019) y la Ley General de Educación Superior (2021); el riesgo de inflación terminológica al denominar “microcredenciales” a módulos de diplomados o cursos de educación continua sin cumplir estándares internacionales de resultados de aprendizaje verificables, evaluación formal y portabilidad; y la reproducción de desigualdades estructurales por la asimetría reputacional entre instituciones emisoras.
La maestra Brenda Castañón Villanueva enfatizó que, sin un marco regulatorio común y lineamientos nacionales obligatorios de calidad, la expansión de las microcredenciales en México puede generar segmentación educativa y diluir su promesa democratizadora. Propuso incorporar el concepto a la legislación educativa, habilitar trayectorias acumulativas y establecer mecanismos de interoperabilidad digital que garanticen confianza y reconocimiento.
El estudio compara experiencias internacionales (Unión Europea, Chile, Colombia, Estados Unidos y Australia) y concluye que México se encuentra en una fase inicial de expansión institucional pero no de consolidación normativa, lo que representa una oportunidad para avanzar hacia una Agenda Legislativa 2030 en materia de credencialización flexible y pertinente.
Leer el artículo original: Aquí
Texto: Gaceta UNACH.
Imagen: Gaceta UNACH Ilustrativo Gemini/IA











