En un esfuerzo por fortalecer la calidad educativa y ampliar sus vínculos interinstitucionales, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) suscribió tres convenios de colaboración estratégica con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y la Escuela Nacional de Formación Judicial, acuerdos que permitirán impulsar la movilidad académica, la investigación conjunta y la mejora de los procesos educativos.
Los convenios fueron firmados por el rector de la UNACH, doctor Oswaldo Chacón Rojas, durante el primer trimestre de 2025, y establecen las bases para una cooperación académica, científica y tecnológica con instituciones de reconocido prestigio nacional, consolidando a la UNACH como una universidad innovadora, evaluada y vinculada con actores estratégicos del ámbito educativo y judicial del país.
En el caso del convenio UNACH–UANL, suscrito con el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Dr. Santos Guzmán López, se acordó promover la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores, el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el intercambio de buenas prácticas en gestión universitaria. Además, el acuerdo contempla programas de formación continua y especialización, así como la realización de servicio social y prácticas profesionales en ambas instituciones.
Por su parte, el convenio UNACH–CENEVAL, firmado con la directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, establece mecanismos para la evaluación de aprendizajes mediante instrumentos estandarizados, la certificación de competencias profesionales y el diseño de estrategias de mejora académica continua. Asimismo, se contempla la capacitación del personal docente y administrativo, fortaleciendo los procesos institucionales de aseguramiento de la calidad educativa.
De igual manera, el acuerdo con la Escuela Nacional de Formación Judicial, suscrito con el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, director general de dicha institución, tiene como objetivo impulsar programas de formación y actualización para profesionales del derecho, el desarrollo de proyectos de investigación en materia jurídica, así como el intercambio académico y de buenas prácticas judiciales, contribuyendo a la especialización de abogados y servidores judiciales de Chiapas.
Al respecto, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que estos acuerdos representan “puentes de entendimiento con instituciones que pueden aportar una visión distinta a la solución de diferentes problemáticas”, y subrayó que, en el caso del CENEVAL, esta vinculación favorece la formación integral de los estudiantes y la capacitación permanente del personal universitario.
Estas alianzas estratégicas representan un avance significativo en la política de vinculación institucional de la UNACH, al ampliar las oportunidades de formación para su comunidad universitaria, fortalecer los procesos de evaluación y calidad educativa, posicionar a la universidad en redes académicas nacionales de excelencia y contribuir al desarrollo educativo del sureste mexicano.
La suscripción de estos convenios refrenda el compromiso de la administración rectoral con la transformación educativa, la innovación institucional y la construcción de alianzas estratégicas que impacten positivamente en la comunidad universitaria y en la sociedad chiapaneca.
Texto: Yadira Fontes García
Imagen: Comunicación Social UNACH
Nuestra universidad, a través del Departamento de Gestión de la Propiedad Intelectual (PROPIAL), realizó la entrega de 18 certificados y títulos de propiedad intelectual a autoras y autores de obras literarias, programas de cómputo, obras dramáticas y bases de datos, como parte de una estrategia institucional orientada a proteger el capital intelectual generado por su comunidad académica.
El acto protocolario contó con la presencia del rector, Dr. Oswaldo Chacón Rojas, así como de autoridades estatales y universitarias, quienes coincidieron en destacar la importancia de garantizar certeza jurídica a las creaciones académicas, tecnológicas y culturales, fortaleciendo con ello los procesos de innovación y transferencia del conocimiento.
Durante la ceremonia se reconoció la diversidad de las obras protegidas, que incluyen publicaciones académicas y literarias, software de desarrollo institucional, producciones artísticas y bases de datos vinculadas a proyectos de investigación científica, reflejo del trabajo multidisciplinario que se impulsa desde las distintas áreas académicas.
En su mensaje, el rector subrayó que la protección de ideas, proyectos y productos ante las instancias correspondientes permite evitar conflictos legales, además de asegurar a sus creadores el reconocimiento y los derechos que les corresponden, reafirmando el compromiso institucional con una cultura de legalidad y respeto a la autoría. Asimismo, destacó la colaboración sostenida con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
Como parte del mismo proceso, se formalizó la protección de diversos activos institucionales, entre ellos el escudo y eslogan institucionales, la Marca UNACH, Scitech Lab, la Gaceta UNACH, el Congreso Mesoamericano de Investigación, así como la identidad de la Facultad de Ingeniería y frases representativas como “Ciencia y Tecnología al servicio de Chiapas” y “Soy UNACH”.
En el evento participaron también la Lic. Dora Liliana Rincón Serrano, comisionada Estatal de Simplificación Administrativa; la Lic. Susana Sosa Silva, directora General de Marca UNACH; el Lic. Manuel Jiménez Dorantes, enlace jurídico de Marca UNACH, y la Lic. María del Carmen Vázquez Velasco, secretaria General, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cultura de propiedad intelectual dentro de las instituciones de educación superior.
Con esta entrega, nuestra alma mater consolida su papel como una institución que no solo genera conocimiento, sino que lo protege, lo valora y lo proyecta, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de Chiapas desde una perspectiva ética, legal y socialmente responsable.
Texto: Yadira Fontes García
Imagen: Comunicación Social UNACH
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció el papel estratégico que ha desempeñado nuestra universidad en el acompañamiento académico de diversas reformas legales impulsadas en Chiapas, así como las políticas educativas encabezadas por el rector Oswaldo Chacón Rojas, orientadas al fortalecimiento institucional y al beneficio directo de la sociedad chiapaneca.
Durante su posicionamiento, destacó que la participación de nuestra institución en procesos de investigación, análisis académico y formación profesional ha incidido de manera directa en la comprensión y atención de los desafíos del Chiapas contemporáneo, aportando conocimiento riguroso para la toma de decisiones públicas y para la formación de nuevas generaciones comprometidas con el desarrollo del estado.
Como ejemplo de esta colaboración, refirió la reforma al artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en materia de reconocimiento de la actividad turística, aprobada en noviembre, la cual —señaló— se nutrió en gran medida de los planteamientos realizados por académicas y académicos que impulsaron una mayor participación municipal en el desarrollo turístico.
Esta modificación constitucional permitió que los municipios contaran con mayores atribuciones para proponer agendas públicas en materia turística, fortalecer su infraestructura y acceder a proyectos federales, generando condiciones más equitativas para el crecimiento regional y el aprovechamiento sustentable de los recursos locales.
Gómez Mendoza subrayó que estos avances fueron posibles gracias a la voluntad institucional y al trabajo conjunto entre los poderes públicos, reconociendo también el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como la visión de desarrollo impulsada desde la comunidad universitaria bajo el liderazgo del rector.
Desde su responsabilidad legislativa, la presidenta de la Mesa Directiva expresó un reconocimiento público a nuestra alma mater, al señalar que se ha consolidado como un eje fundamental en la construcción de políticas públicas y reformas que definen el rumbo del estado.
A través de la investigación, la reflexión académica y la vinculación con los procesos de gobierno, nuestra institución se ha posicionado como un espacio permanente de consulta y acompañamiento para la edificación de un mejor Chiapas, reafirmando su compromiso histórico con el desarrollo social y humano de la entidad.
Texto: Heriberto Ortiz
Imagen: Heriberto Ortiz
Nuestra universidad celebró un logro significativo en materia de vinculación comunitaria y compromiso social, luego de que Yanaí López Guzmán, estudiante de la Licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Humanidades, Campus VI, obtuviera el primer lugar del Premio Nacional Carlos Maciel Espinosa al Servicio Social Universitario, gracias a un proyecto enfocado en la preservación del patrimonio cultural de Chiapas.
La distinción fue otorgada por el proyecto “Rescate del bordado tradicional ch’ol en la comunidad de Cuctipea, municipio de Tumbalá”, una iniciativa que destacó por su enfoque humanista y por la aplicación práctica de saberes pedagógicos para la revalorización de técnicas textiles ancestrales, fundamentales para la identidad cultural del pueblo ch’ol.
El trabajo desarrollado por la estudiante puso en el centro la recuperación de saberes comunitarios, fortaleciendo el vínculo entre universidad y comunidad, y demostrando que la formación académica puede convertirse en una herramienta concreta de preservación cultural y transformación social, especialmente en regiones con una profunda tradición textil.
El Premio Carlos Maciel Espinosa reconoce proyectos de servicio social universitario que logran integrar la formación profesional con un alto compromiso ético y social, destacando la calidad humana de las y los estudiantes y su impacto directo en el bienestar de las comunidades donde intervienen.
Durante la ceremonia de premiación, se reconoció también a María Elena Abarca Medina, estudiante de Gerontología, Campus II, quien obtuvo el segundo lugar con el proyecto “Recuperando memorias: salud y arte con adultos mayores”, así como a Javier Caleb Hernández Trujillo, de la Licenciatura en Comunicación, Campus VI, acreedor al tercer lugar por el proyecto “Bordando historias: acompañamiento a personas adultas mayores”.
Desde la Facultad de Humanidades se destacó que este reconocimiento evidencia el compromiso social que caracteriza a sus programas académicos, y confirma que la Pedagogía, entendida desde una perspectiva crítica y comunitaria, responde a las necesidades reales de preservación cultural y fortalecimiento del tejido social.
El reconocimiento obtenido por Yanaí López Guzmán refrenda el papel de nuestra institución en el fortalecimiento de las identidades originarias de Chiapas, así como en la formación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos, capaces de convertirse en agentes de cambio desde el conocimiento, la sensibilidad social y el respeto a la diversidad cultural.
Texto: Yadira Fontes García
Imagen: UNACH
En una ceremonia encabezada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el exrector Ángel René Estrada Arévalo fue distinguido con un reconocimiento a su trayectoria académica y profesional, en un acto que destacó su aportación sostenida a la educación superior y a la investigación en Chiapas.
Durante el acto protocolario, el mandatario estatal subrayó el compromiso institucional y la visión universitaria que caracterizaron la gestión y la carrera académica del homenajeado, reconociendo su influencia en la formación de generaciones de profesionistas y en el fortalecimiento del pensamiento crítico desde la educación pública.
Estrada Arévalo se desempeñó como rector durante el periodo 2014–2018, etapa en la que impulsó procesos de modernización académica, promovió la consolidación de la investigación científica y fortaleció los vínculos entre la universidad y su entorno social, económico y regional.
El reconocimiento también destacó su trayectoria como investigador especializado en estudios sociales y económicos, así como su papel como impulsor de programas de investigación y vinculación, que contribuyeron a ampliar la presencia universitaria en distintos espacios del desarrollo estatal.
Durante su gestión, se promovieron acciones orientadas a la mejora de la infraestructura universitaria, la expansión de la oferta educativa y el fortalecimiento del trabajo académico colectivo, elementos que hoy forman parte del legado institucional que dejó al frente de nuestra casa de estudios.
La distinción otorgada por el Gobierno del Estado se inscribió en una política de valoración del capital académico, reconociendo a quienes han contribuido de manera decisiva a la construcción de una educación superior comprometida con el desarrollo de Chiapas.
El acto contó con la presencia de integrantes del gabinete estatal, académicas y académicos, excolaboradores y personalidades del ámbito educativo, quienes acompañaron este momento de reconocimiento a una trayectoria que ha dejado huella en la historia universitaria del sureste mexicano.
Texto: Yadira Fontes G.
Imagen: Gobierno del Estado de Chiapas
En un encuentro que reunió a empresarias, empresarios, servidoras y servidores públicos, así como a profesionales con amplia trayectoria, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas presentó el Programa Institucional Alumni UNACH, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer la relación con sus egresadas y egresados, consolidando una red colaborativa que impulse el desarrollo profesional y refuerce la identidad universitaria.
Durante la presentación, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que este programa aspira a transformar la relación tradicional con los graduados para convertirla en una “comunidad dinámica, colaborativa y vibrante”, donde la universidad opere como un espacio de crecimiento continuo, intercambio de experiencias y actualización profesional.
El Programa Institucional Alumni UNACH se estructura sobre cuatro ejes fundamentales que buscan dar respuesta a las necesidades actuales de la comunidad profesional:
Acceso abierto a cursos, talleres y diplomados que permitan actualizar conocimientos y adquirir nuevas competencias en un contexto de cambios acelerados.
Creación de espacios que favorezcan la vinculación entre egresados de distintas generaciones y áreas disciplinares, potenciando proyectos conjuntos y nuevas oportunidades.
Articulación de oportunidades laborales y profesionales mediante el fortalecimiento de alianzas con instituciones públicas y privadas.
Implementación de un programa de acompañamiento dirigido a estudiantes y recién egresados, con el fin de orientar sus primeros pasos en la vida profesional.
El programa contempla la conformación de la Asociación de Graduados UNACH, figura formal que permitirá:
La secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, subrayó que Alumni UNACH representa “una gran oportunidad para acercarse a las y los graduados, sumar esfuerzos, observar sus logros y compartir experiencias”, reconociendo el valor que la comunidad de egresados aporta a la institución.
Por su parte, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, resaltó la importancia del programa como una plataforma para “seguir aprendiendo y creciendo” a lo largo de la vida profesional, reafirmando la vocación formativa de la universidad.
Con su implementación, el Programa Institucional Alumni UNACH busca:
Con estas acciones, el Programa Institucional Alumni se consolida como un puente duradero entre la UNACH y sus más de 50 mil egresadas y egresados, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia educativa, la actualización constante y el crecimiento profesional de su comunidad.
Texto: Yadira Fontes García
Imágenes: UNACH
El investigador Jorge Mastache, adscrito al Centro Mesoamericano de Física Teórica de la nuestra universidad, presentó recientes avances vinculados a la comprensión del universo, destacando tanto los descubrimientos reconocidos por el Premio Nobel de Física 2025, como los nuevos indicios de anomalías gravitacionales en las fronteras del Sistema Solar.
Durante su exposición, Mastache explicó que mediante el Telescopio Espacial James Webb, el instrumento más potente jamás construido, se han registrado variaciones en los efectos gravitacionales de cuerpos celestes ubicados en las zonas más distantes del sistema planetario.
“Se han observado distorsiones en trayectorias que deberían mantenerse circulares, pero que muestran desviaciones anómalas”, precisó. Estas irregularidades han dado pie a diversas hipótesis dentro de la comunidad científica, que van desde la posible existencia de un planeta desconocido, un asteroide de gran masa o incluso un agujero negro, hasta teorías más especulativas que sugieren la presencia de una estructura interestelar no identificada, estacionada en un punto oculto del espacio.
Mastache enfatizó que, aunque la mayoría de estas interpretaciones se mantienen en el ámbito de la especulación científica, los datos obtenidos por los observatorios espaciales podrían arrojar resultados concluyentes en los próximos meses o años, abriendo nuevas perspectivas para el estudio de la dinámica gravitacional del Sistema Solar.
En un segundo momento, el investigador comentó el reciente Premio Nobel de Física 2025, otorgado a John Clarke, Michel Devoret y John Martinis, quienes fueron reconocidos por más de dos décadas de trabajo experimental en mecánica cuántica.
El galardón destacó sus aportes para demostrar que fenómenos cuánticos —como el efecto túnel y la cuantización de la energía— pueden observarse en sistemas a escala humana, lo que amplía los horizontes tecnológicos hacia la computación cuántica y la electrónica avanzada.
Los experimentos realizados con circuitos eléctricos superconductores sentaron las bases para el desarrollo de computadoras cuánticas y la optimización de componentes electrónicos presentes en dispositivos de uso cotidiano, como los teléfonos móviles.
El investigador chiapaneco subrayó que estos avances en la frontera de la física, tanto cuántica como astrofísica, evidencian el papel crucial de la investigación científica como motor del conocimiento universal, impulsado también desde los espacios académicos de nuestra universidad.
Texto: Heriberto Ortiz Domínguez Imágenes: NASA
Mtra. Brenda Castañón Villanueva
Mtro. Alfredo Martínez De la Torre
UNACH
En un escenario marcado por la transformación digital, el dinamismo del mercado laboral y la urgencia de repensar los modelos de formación profesional, la microcredencialización ha emergido como una estrategia para complementar los perfiles de egreso universitarios. Este artículo analiza el desarrollo, las características y los beneficios de las microcredenciales como instrumento de reconocimiento de competencias específicas, con énfasis en su papel dentro de las transiciones laborales de los egresados. A partir de una revisión de experiencias internacionales, datos recientes del contexto mexicano y aportes desde la innovación educativa, se propone comprender las microcredenciales como un puente entre la formación universitaria y la inserción profesional, en un momento donde la flexibilidad, la trazabilidad de aprendizajes y la alineación con las necesidades del sector productivo se vuelven cruciales.
La microcredencialización surge como respuesta a la necesidad de adaptarse a un entorno laboral y educativo en constante cambio. Su origen se remonta a iniciativas como el proyecto Open Badges de la Fundación Mozilla en 2011, que introdujo el concepto de “digital badges” como una forma de reconocer habilidades específicas adquiridas fuera del sistema educativo tradicional (BCCampus, 2023).
La velocidad con la que cambian los entornos laborales y las tecnologías ha obligado a repensar los mecanismos mediante los cuales se reconocen las competencias profesionales. En este contexto, las microcredenciales han cobrado relevancia como una opción ágil, verificable y flexible que permite certificar habilidades específicas adquiridas a través de rutas formativas no tradicionales. Su implementación responde tanto a necesidades estructurales del mercado de trabajo como a demandas de los propios egresados universitarios, quienes enfrentan crecientes desafíos en sus procesos de inserción profesional (OECD, 2023; Coursera, 2025).
En este marco, el concepto de microcredencialización adquirió visibilidad a partir del proyecto Open Badges, impulsado en 2011 por la Fundación Mozilla, el cual introdujo las insignias digitales como mecanismos de validación de aprendizajes fuera de los sistemas formales de educación (BCCampus, 2023). Estas insignias permiten representar logros específicos mediante metadatos verificables que incluyen la institución emisora, los criterios de evaluación, la duración del curso y evidencias del aprendizaje alcanzado.
A nivel normativo, la Comisión Europea emitió en 2022 una Recomendación que establece principios comunes para el desarrollo de microcredenciales en el marco del aprendizaje permanente. Esta directriz busca promover su reconocimiento transfronterizo, su integración en sistemas formales de educación superior y su adopción como herramienta de empleabilidad (European Commission, 2022).
Las microcredenciales son certificaciones digitales que acreditan el dominio de competencias o conocimientos específicos, adquiridos a través de experiencias formativas breves (Román, 2021). A diferencia de títulos universitarios o diplomados, se centran en una competencia puntual como liderazgo, análisis de datos o comunicación efectiva y permiten construir trayectorias personalizadas. Su formato digital facilita su integración en plataformas como LinkedIn, portafolios profesionales o bolsas de trabajo (Wrenn et al., 2024).
Diversas experiencias internacionales respaldan la utilidad de las microcredenciales como instrumentos complementarios de formación. En países como Estados Unidos, Australia y Finlandia, su adopción ha sido promovida tanto por instituciones educativas como por gobiernos, integrándolas en políticas nacionales de upskilling y reskilling.
Un estudio experimental con más de 80,000 usuarios mostró que quienes compartían microcredenciales en sus perfiles de LinkedIn incrementaban en un 6 % sus oportunidades de empleo y en un 8 % la probabilidad de ser contratados en áreas relacionadas con la certificación (Wrenn et al., 2024).
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Cada microcredencial se representa con una insignia digital que incluye información verificable: la institución que la emite, la fecha de expedición, las habilidades alcanzadas y las evidencias del aprendizaje. Esto permite que puedan compartirse fácilmente en currículums digitales, redes profesionales como LinkedIn o bolsas de trabajo en línea.
En México, la demanda de microcredenciales ha crecido significativamente. En 2024, la inscripción en cursos de Inteligencia Artificial Generativa se cuadruplicó, alcanzando 68,000 registros y posicionando al país como el octavo mercado más grande para la educación en IA Generativa a nivel mundial (Mexico Business News, 2025). Además, el 90 % de los empleadores en México están dispuestos a utilizar microcredenciales para mejorar las habilidades de su fuerza laboral, y el 94 % prefieren candidatos con credenciales que ofrezcan créditos académicos (Coursera, 2025).
Este incremento en la demanda también corresponde al ámbito educativo, donde la microcredencialización comienza a consolidarse como parte del ecosistema nacional. Universidades como la Anáhuac Puebla, la Universidad Panamericana o la UDEM han lanzado programas piloto, mientras que gobiernos estatales como el de Guanajuato han iniciado procesos de legislación para incorporar este tipo de certificaciones (ANUIES, 2024).
Un informe de Expansión (2025) señala que el 84 % de los empleadores mexicanos estaría dispuesto a ofrecer mejores condiciones salariales a candidatos con microcredenciales alineadas al puesto, mientras que el 96 % las considera útiles para fortalecer los perfiles profesionales.
Asimismo, datos de Coursera (2025) muestran que el 95 % de los empleadores en México reconoce valor en las microcredenciales, y el 88 % de los estudiantes percibe que incrementan sus oportunidades de empleo.
Sin embargo, aún persisten desafíos: falta de estandarización nacional, brechas tecnológicas (Expansión, 2023), baja aceptación institucional en algunos sectores, y la ausencia de un marco regulatorio formal que articule la microcredencialización con políticas públicas, aseguramiento de calidad y reconocimiento académico.
Más allá de su función certificadora, las microcredenciales representan una herramienta estratégica para mejorar las transiciones laborales de egresados universitarios. Entre sus aportaciones se destacan:
Estas cualidades responden a una necesidad urgente en el sistema de educación superior mexicano: ofrecer salidas formativas relevantes y pertinentes, alineadas con los nuevos requerimientos del mundo del trabajo (OECD, 2023; UNESCO, 2024).
La microcredencialización no sustituye a la educación formal, pero se configura como una herramienta complementaria. Resulta indispensable difundir sus beneficios entre instituciones, empleadores y profesionales para superar los desafíos actuales de regulación y aceptación social. La microcredencialización representa un cambio de paradigma en la certificación de aprendizajes. Su carácter flexible, modular y centrado en resultados la posiciona como una estrategia emergente para responder a las exigencias del mercado laboral contemporáneo.
No obstante, su consolidación en México dependerá del diseño de marcos normativos adecuados, de su integración institucional en las universidades y del fortalecimiento de alianzas con el sector productivo. La complementan nuevas formas de construir trayectorias profesionales más ágiles, inclusivas y conectadas con la realidad del país.
Referencias
ANUIES. (2024). Las microcredenciales irrumpirán en el futuro de la educación. https://www.anuies.mx/noticias_ies/las-microcredenciales-irrumpirn-en-el-futuro-de-la-educacin
BCCampus. (2023). Open Badges: Reconocimiento digital de aprendizajes. https://bccampus.ca/open-badges
Coursera. (2025). Global Skills Report: Empleabilidad y transformación digital en América Latina. https://about.coursera.org/
European Commission. (2022). Proposal for a Council Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability. https://education.ec.europa.eu/
Expansión. (2023). Solo 43.8% de los hogares mexicanos tienen computadora en casa. https://expansion.mx
Expansión. (2025). Microcredenciales impulsan salarios en empresas mexicanas. https://expansion.mx/carrera/2025/05/21
OECD. (2023). Micro-credentials for Lifelong Learning and Employability: Uses and Perspectives. https://www.oecd.org/
Román, A. (2021). La revolución de las credenciales digitales. Universidad del Desarrollo.
UNESCO. (2024). Credenciales alternativas para la educación superior inclusiva y flexible. https://unesdoc.unesco.org/
Wrenn, M., Smith, J., & Lee, K. (2024). Impacto de las microcredenciales en la empleabilidad: Un estudio longitudinal. Journal of Educational Research, 58(3), 234-245. https://doi.org/10.1016/j.jedures.2024.03.001
Competencia Internacional de Matemáticas (IMC 2025), realizada del 14 al 18 de agosto en Da Nang, Vietnam.
Esto es una evidencia de la importancia de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), como centro formativo a nivel superior, pero también de su acompañamiento académico a las nuevas generaciones, desde los procesos de educación inicial, como marca la Nueva Escuela Mexicana, de donde la universidad tiene abrevadero.
El joven escolar pertenece al equipo mexicano que se entrenó en Chiapas, dentro de la Facultad de Física y Matemáticas de la UNACH, siendo galardonado con una medalla de bronce al enfrentarse a representantes de todo el mundo.
El equipo de primaria obtuvo medalla de plata por grupos, siendo la primera vez en la historia que México alcanza este logro en la IMC.
En tanto que, el equipo de secundaria consiguió medalla de bronce por equipos.
Los equipos trabajaron sus áreas de oportunidad y desarrollo en asesorías dentro de las instalaciones de la UNACH, por lo que este logro nacional es muy chiapaneco.
Los estudiantes demostraron talento y pasión al enfrentarse a equipos de países como Nepal, Mongolia, Tadjikistán y Rumania, dejando en alto el nombre de México.
El chiapaneco de padres rusos, de nombre Miroslav Rybin Nikiforchina, originario de San Cristóbal de las Casas, logró la medalla de bronce en la prueba individual.
En la capacitación también participó el doctor Sergio Guzmán Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita universidad.
Texto: Heriberto Ortiz Domínguez
Imágen: Heriberto Ortiz Domínguez
Legislar con perspectiva de género y de infancia: para que vivir sea más que un acto de resistencia de las mujeres y niñez chiapaneca
Por: Miriam Yadira Nájera Pétriz
Al hablar de violencia contra las mujeres, es común centrar la conversación en el “feminicidio”, por ser su forma más extrema y visible. Pero antes de escalar a esa trágica cima, la violencia va dejando una estela de heridas profundas en la salud física, mental, reproductiva, sexual, social y conductual de las mujeres. Antes del feminicidio la violencia ya ha enfermado, provocando: fracturas, enfermedades crónicas, discapacidad, embarazos forzados, abortos inseguros, infecciones de transmisión sexual y trastornos como la ansiedad, depresión, estrés postraumático o incluso suicidio. Todo esto convierte a la violencia contra las mujeres en una crisis de salud pública.
Según la Organización Mundial de la Salud (2021):
La violencia contra la mujer —especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual— constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. (. . .) alrededor de una de cada tres (30%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
En México, esta violencia también constituye una epidemia. Entre enero y abril de 2025, según datos oficiales del Informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal —como feminicidio, homicidio y lesiones — se registraron más de 9,971 mujeres víctimas. Esto equivale a un promedio de más de 83 mujeres víctimas por día. (Sistema Nacional de Seguridad Pública [SNSP], 2025).
La violencia contra las mujeres no surge aislada ni espontáneamente, se alimenta desde la niñez, donde ya se evidencian patrones de abuso que más tarde empeoran. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), el delito de violación alcanzó su mayor incidencia en el grupo de 10 a 14 años, y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños. Además, ocho de cada diez casos de abuso sexual infantil se dan en el ámbito familiar. El costo social de esta violencia es devastador, deja secuelas que afectan toda la vida, como: desempleo, pobreza y mayor vulnerabilidad para ingresar a grupos delictivos.
Chiapas -entidad con Alerta por Violencia de Género- ocupa, según el mismo informe, el quinto lugar a nivel nacional con más víctimas de feminicidios en lo que va del año. A este desafortunado reconocimiento, se suma un dato igual de alarmante: encabeza la lista nacional en pobreza laboral, con un 62.2% de su población en esta condición (CONEVAL, 2024). Sí, más de la mitad de sus habitantes no puede adquirir la canasta básica alimentaria, ni usando todo su ingreso laboral.
La pobreza detona factores que intensifican la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA). Por tanto, quienes enfrentan mayores vulneraciones a sus derechos y bienestar -social y económico-, son indudablemente las mujeres y NNA en condiciones de pobreza.
Entonces, cuando la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y más de la mitad de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, legislar sin perspectiva de género, de infancia y sin un enfoque interseccional en derechos humanos, no solo es una omisión: es complicidad con un problema de salud pública que mata cada día a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Ante esto, no basta con exponer la gravedad del problema, es necesario preguntarnos:
¿Qué está haciendo el Estado para traducir esa responsabilidad en acciones con perspectiva de género e infancia?
En ese contexto, viene bien destacar que, a principios de junio, Chiapas fue escenario de un importante ejercicio de articulación entre el Poder Judicial y el Congreso Local. Una respuesta jurídica que pretende desacelerar la violencia a través de la praxis legislativa, para dar acceso a una justicia con perspectiva de género y de infancias en contextos con notables rezagos estructurales e históricos.
La separación de poderes implica independencia, pero no aislamiento, mucho menos ante una crisis que atenta contra la vida y salud de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas con enfoque de género y de infancia.
Impulsada por el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el Dr. Juan Carlos Moreno Guillén, el Honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad una reforma integral al Código Penal Local. Cito algunos de los aspectos más relevantes relacionados con el tema:
Feminicidio
Reparación del daño
Los delitos de feminicidio y de lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, se integran a la lista de delitos que, como parte de la reparación del daño, obligan a la persona sentenciada al pago de pensiones alimenticias. Con la reforma, cuando existan hijas o hijos menores de dieciocho años, personas dependientes incapaces —de la o el ofendido— o si la víctima queda imposibilitada para valerse por sí misma, se deberá proveer dicha pensión.
No indulto, para delitos de lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas:
El Código Penal para el Estado de Chiapas contempla el indulto como una facultad del Ejecutivo del Estado (Gobernador) para extinguir la ejecución de la pena y las medidas de seguridad. Sin embargo, no elimina la obligación de la persona sentenciada de reparar el daño, ni permite recuperar los bienes decomisados como parte del delito.
Con la reforma, el delito de lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas se incorpora al catálogo de delitos por los cuales no procede el indulto.
Incremento de penas para delitos que lesionan gravemente los derechos de mujeres y, especialmente, de niñas, niños y adolescentes:
Feminicidio y Homicidio calificado.
Tráfico de personas menores de dieciocho años de edad y los que no tengan capacidad de entender el significado del hecho.
Retención y sustracción de menores y los que no tengan capacidad de entender el significado del hecho, y privación de la libertad con fines sexuales.
Violación, pederastia, hostigamiento sexual, acoso sexual (incluido el cometido contra menores de 18 años a través de medios electrónicos), estupro y abuso sexual, (agrega como pago de la reparación del daño a favor de la víctima, los costos del tratamiento médico y psicológico, hasta su total recuperación).
Corrupción de menores de dieciocho años de edad e incapaces, pornografía infantil, entre otros.
Hacía una articulación que genere una política pública que repare, proteja y prevenga
Estas acciones suman significativamente a la lucha histórica de las mujeres por una vida libre de violencia, dejando huella en el largo camino hacia una política pública integral. Sin embargo, esta articulación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo debe contagiarse a todas las instituciones de los tres poderes del Estado, para que ninguna conducta que constituya violencia de género quede impune; porque, al final del día -aunque no cure- ver a un agresor o feminicida compurgando una pena justa es un gran alivio, es una grieta a la impunidad.
Sin embargo, aunque la justicia que castiga es sumamente significativa, debemos recordar la importancia de que camine de la mano con una justicia que repare y prevenga. Para ello se requiere una articulación institucional bajo un enfoque de salud pública y derechos humanos.
“La gobernanza en salud requiere un enfoque de 'gobierno en su conjunto' (whole-of-government), donde los diferentes poderes del Estado colaboren para prevenir, responder y reparar, de forma coordinada, los daños a la salud pública.”
— Devi Sridhar, académica en salud global
La articulación entre los poderes y sus instituciones, ante esta crisis, es necesaria y no debe entenderse como una concesión ni como una acción a favor, sino como una responsabilidad constitucional que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Siguiendo el concepto de “gobernanza colaborativa” definido por Devi Sridhar (2020), las distintas instancias de los Poderes del Estado deben actuar de manera conjunta y coordinada. Esto implica que sectores como salud, educación, seguridad, justicia, asistencia social y organismos autónomos trabajen con metas comunes, protocolos compartidos y sistemas interoperables, garantizando así una atención integral, oportuna y continua para las víctimas y personas ofendidas. Finalmente, suma a su ejercicio, porque esta coordinación interinstitucional permite optimizar recursos y esfuerzos, evitando la duplicidad de acciones y generando un impacto mucho más significativo.
De ahí que el Poder Legislativo, además de estas atinadas reformas con perspectiva de género y enfoque interseccional, deba avanzar en la armonización de la legislación con los estándares internacionales. Y así como: “no hay política pública sin presupuesto”, también etiquetar recursos suficientes para implementación efectiva de programas de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres. Por su parte, el Poder Ejecutivo debe poner en marcha estos programas, asumiendo, a través de sus instituciones, la responsabilidad operativa y administrativa en la atención a las víctimas y en la sanción a agresores, garantizando eficacia, coordinación interinstitucional y, sobre todo, voluntad política.
No debe dejarse de lado la escucha atenta a las —para muchos, “incómodas”— propuestas y demandas de activistas, defensoras de derechos humanos, asociaciones y colectivas feministas; porque para visibilizar este problema de salud pública es fundamental oír a quienes están del otro lado del escritorio, pues ellas son la voz de las silenciadas.
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Miriam Yadira Nájera Pétriz. Abogada feminista, docente, activista en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, con experiencia judicial y académica. |
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Referencias:
Organización Mundial de la Salud. (2021, 8 de marzo). Violencia contra la mujer. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2025). Informe de violencia contra las mujeres: Información sobre la incidencia delictiva con víctimas mujeres 2025 (enero-abril). Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_VCM_23.pdf
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2024). Pobreza laboral en México. Primer trimestre de 2024. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_laboral_1erTrim2024.aspx
Sridhar, D. (2020). Governance in global health: Public health and the state. Oxford University Press. Nota: La cita sobre el enfoque “whole-of-government” aparece como principio transversal en los capítulos dedicados a la coordinación estatal ante emergencias de salud pública.
